Author: ratapeluda » Vie 07 Feb, 2014 18:45
Me parece que no se abre bien el enlace, la noticia dice textualmente:
El auto no puede ser más duro; tampoco puede dejar más claro lo que hay, totalmente opuesto a lo que había: el subteniente de la Guardia Civil que falleció en 2010 en una explosión murió por negligencias en prevención de riesgos.
Aquel día no funcionó bien nada, y eso le costó la vida al hombre de 61 años, en un caso claro de homicidio imprudente. Esta alegría para la familia del fallecido y las acusaciones personadas da un giro a un caso enrevesado. Sucedió el 29 de junio de 2010 en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, donde hubo una serie de deflagraciones durante un curso de desactivación de explosivos.
El juzgado de Valdemoro que instruyó el caso lo archivó hace más de un año sin consecuencias para nadie, pero en un auto de la semana pasada, la Sección Segunda de la Audiencia ordena reabrirlo, completar su instrucción e identificar e imputar a los responsables, entre los que apunta al coronel en jefe de la unidad donde ocurrió el suceso, según fuentes judiciales.
Aquel día había 25 guardias alumnos repartidos en dos clases pegadas a un almacén de explosivos donde se guardaban «cohetes Santa Bárbara, gasolina, pólvora, pentrita, cordón detonante, trilita, amonal, exógeno, pentrita artesanal de ETA, gasóleo, nitrato amónico, amonito, nitrometano y explosivo plástico».
Empezó a salir humo del almacén, y la mitad de los alumnos evacuó el edificio, pero la otra mitad quedó atrapada en una habitación con barrotes. A mazazos consiguieron escapar de allí, mientras todo lo demás fallaba.
El subteniente Francisco Morcillo Moya, «en un acto encomiable de valentía que le honraba como ser humano y como guardia civil» -dice el auto- cogió un extintor y se metió en el almacén para apagar el fuego.
Pero ya se había producido una «reacción satánica» que expandió el peligro: dos grandes explosiones derribaron una pared, que golpeó al guardia y lo mató.
Explica la Audiencia Provincial que los guardias no atendieron al detector de humos, «porque había sonado en ocasiones anteriores a los hechos produciendo una falsa alarma, por lo que ya no se hacía caso de él cuando sonaba», como ocurrió aquel día.
Y siguen las negligencias: «Las instalaciones no contaban con sistema de extinción de incendios automático», «tampoco contaba con sistema de detección de gas», el almacén de explosivos «era un local cerrado, sin ventilación natural [...], sin salidas de emergencia ni comunicación directa al exterior».
La boca de riego más cercana, a 40 metros del almacén, no podía abrirse porque faltaba una pieza; las mangueras no encajaban en la boca, y no había presión suficiente. Los bomberos tuvieron que coger agua de una piscina y de otra boca de riego de la calle porque no funcionaba ninguna otra de las que había en el complejo.
La empresa Saima Seguridad S.A. hizo «mal ejecutadas» las revisiones del detector de humos y las bocas; y no había plan de seguridad e higiene en el trabajo.
Afirma la Audiencia que hubo incumplimiento de al menos seis reales decretos y normativas autonómicas sobre prevención de riesgos laborales, prevención de incendios y almacenamiento de productos explosivos, y que todo esto podría constituir un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con uno de homicidio imprudente.
Dice también que la Guardia Civil no investigó exhaustivamente a los responsables de prevención, que el coronel en jefe podría ser responsable y que la empresa de mantenimiento también. Ahora el caso vuelve al juzgado que lo instruyó, y quizá cambie todo.
Una «advertencia»
Es vox populi en la Guardia Civil que los explosivos estaban almacenados sin seguridad en Valdemoro. También lo es que el fallecido en la explosión de 2010, Francisco Morcillo, no era un inexperto: fue de los fundadores del Sedex (los Tedax de la Guardia Civil), y estaba muy bien preparado. Pero no contó con la negligencia en el mantenimiento del polvorín. Al preguntar ayer a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que está personada en este caso, un portavoz se mostró ayer satisfecho por el reciente auto de la Audiencia Provincial: «Por fin puede que se haga justicia, y además creemos que este auto puede servir de advertencia a las otras oficinas de prevención de riesgos laborales que hay en el Cuerpo, para que no firmen cualquier cosa y empiecen a ser más firmes en aplicar la normativa. La situación que se dio en Valdemoro puede ocurrir en cualquier sitio».
[size=24][size=18][size=18][size=14]Uno es dueño de su silencio y exclavo de sus palabras (Mr. Ratapeluda)[/size][/size][/size][/size]