PROGRAMAS PARTIDOS POLÍTICOS

[massachussets]

Para quien pueda estar interesado inserto el contenido de parte los programas políticos del PP, Ciudadanos y PSOE, en la parte que más nos puede afectar. No incluyo el de Podemos dado que no he encontrado nada especialmente relevante.


PARTIDO POPULAR

ESPAÑA MAS SEGURA

DIAGNÓSTICO

El desafío a la seguridad de nuestras sociedades es de grandes proporciones y requiere por parte de los poderes públicos una respuesta firme y acertada.

La capacidad de actuación del crimen organizado transnacional, la asociación con organizaciones y redes terroristas y la nueva delincuencia a través de internet son las expresiones más preocupantes de este desafío, pero no las únicas.

La lucha contra la delincuencia tiene cada vez más una dimensión internacional.

Las redes de tráfico de drogas, armas, los delitos cometidos a través de internet y el terrorismo exigen cooperación y coordinación, especialización y formación, y medios materiales.

Los delitos de que son víctimas los menores, la violencia contra la mujer y el tráfico de seres humanos precisan una respuesta contundente y un trabajo dedicado y permanente de los responsables de nuestra seguridad.

OBJETIVOS
España debe ser capaz de hacer frente con eficacia a los desafíos crecientes que plantea la seguridad. Extremaremos nuestros esfuerzos para luchar contra todos los delitos, especialmente los que crean un particular clima de inseguridad y afectan más gravemente a quienes los sufren.

Definiremos y desarrollaremos estrategias frente a los diferentes tipos de criminalidad que integren todos los aspectos de la acción del Estado, policial, penitenciaria y judicial. Reforzaremos la presencia policial en calles y barrios. Mejoraremos la coordinación entre todos los cuerpos policiales.

Daremos respuesta en todo el territorio, sin que sea necesaria la creación de nuevas policías autonómicas.

Fortaleceremos la dimensión internacional de la lucha contra la criminalidad dando formación adecuada a nuestros profesionales, participando con intensidad en las organizaciones intergubernamentales y reforzando la colaboración multilateral. Modernizaremos los sistemas de control en fronteras, tanto para personas y documentos como para mercancías y bienes ilícitos en aduanas. En el ámbito de la Unión Europea, potenciaremos la plena integración como espacio de seguridad para los ciudadanos.

Realizaremos una auditoria de los datos de criminalidad que nos permita un diagnóstico de la situación real de la delincuencia en España y aproxime los datos oficiales a la realidad.

MEDIDAS
Definiremos y desarrollaremos estrategias específicas para la protección de grupos especialmente vulnerables, singularmente menores y mujeres en riesgo de sufrir o sometidos a coacción, violencia o explotación sexual o laboral.

Haremos un uso intensivo de las nuevas tecnologías en la prevención de las acciones criminales y en la investigación de los delitos, con total respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Impulsaremos un plan de seguridad rural para luchar contra robos en explotaciones agropecuarias, aumentando la vigilancia y los controles, elaborando mapas de delincuencia, endureciendo las penas por hurtos y potenciando el despliegue de la Guardia Civil.

Reforzaremos la prevención del acoso por internet buscando acuerdos de protección de menores con las redes sociales, y mejorando la seguridad de los datos personales. Incluiremos dentro del concepto de fuerza en las cosas la inutilización de sistemas informáticos, electrónicos o de comunicación.

En las infracciones por incivismo, trasladaremos a los infractores el cobro de la reparación de los desperfectos originados en la vía pública. Reforzaremos la exigencia de responsabilidad de padres o tutores legales si se trata de menores de edad.

Crearemos una estadística nacional de criminalidad que integre todos los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las policías autonómicas y las policías locales, estableciendo criterios objetivos y homologables. Publicaremos trimestralmente en la página web del Ministerio del Interior los datos reales de delincuencia.

Propondremos la implantación de medidas de seguridad postpenales cuando proceda en casos de delincuentes violentos y agresores sexuales.

Promoveremos la extensión de medios de control telemáticos, así como alternativas efectivas a la prisión, para delincuentes primarios con delitos de escasa gravedad.

Promoveremos criterios homologables en las condiciones profesionales y de acceso de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en España, de forma que se eviten discriminaciones.

Reconoceremos la labor de los funcionarios de prisiones, otorgándoles mayor responsabilidad en la ejecución de las políticas penitenciarias, y mejorando su estatuto legal. Abordaremos el problema de la actual masificación de los centros penitenciarios para mejorar la seguridad de los mismos y la eficacia de los programas de reinserción.


CIUDADANOS

PROGRAMA DE INTERIOR

La seguridad es un derecho fundamental en todo ordenamiento democrático. La falta de seguridad pone en riesgo otros derechos fundamentales, como la libertad e incluso la propia vida. En consecuencia, proporcionar a los ciudadanos un nivel adecuado de seguridad es una obligación primordial para cualquier para cualquier gobierno en un sistema democrático y de derecho. La seguridad es imprescindible para gozar en libertad de la plenitud de derechos de ciudadanía reconocidos en nuestro ordenamiento democrático.

Son muchas la amenazas contra la seguridad y es necesario disponer de los recursos suficientes para mantenerlas a raya. Unos recursos que deben ser dotados, ordenados y coordinados por los responsables del gobierno. Conseguir y mantener los niveles adecuados de seguridad es un obajetivo primordial para los poderes públicos, que tienen el deber de incluir este objetivo como una prioridad en su acción de gobierno.

Las distintas formas de crimen organizado, que transciende nuestras fronteras, obligan a elaborar estrategias y disponer de mecanismos de coordinación y colaboración que permitan afrontar las amenazas a la seguridad de forma eficaz y eficiente. Una cooperación que es imprescindible para combatir las redes criminales, la ciberdelincuencia y el terrorismo global. Una lucha que exigen también la máxima especialización y la adecuada formación, así como potenciar las capacidades de inteligencia e información, para conocer y evaluar las amenazas anticipándose a la actividad delictiva y desentrañar la maraña económica que sirve de apoyo a las organizaciones criminales.

El actual modelo policial, que abarca tres niveles de actuación y dependencia, nacional, autonómico y local, es uno de los más complejos de nuestro entorno y presenta disfunciones y solapes competenciales que en ocasiones restan eficiencia y con frecuencia son ineficientes. España cuenta con una de las mayores tasas de agentes de policía por habitante en el seno de la UE. Lo que debiera ser una fortaleza del sistema requiere una revisión profunda en cuanto a los costes y racionalización de los servicios, perfeccionando los mecanismos de cooperación y coordinación para conseguir una mejora efectiva de este servicio esencial.

Reformaremos el actual sistema policial mediante la elaboración de una nueva Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de establecer con claridad la distribución de competencias de los distintos cuerpos policiales, permitiendo su adaptación a la situación actual y a los distintos retos y compromisos, nacionales e internacionales.

Reorganizaremos el actual despliegue territorial de cada uno de los cuerpos policiales de Estado, evitando duplicidades funcionales con los cuerpos autonómicos y locales, con objeto de optimizar la prevención y los tiempos de respuesta y mejorar la calidad de la atención al ciudadano y su percepción subjetiva de seguridad.

Crearemos un procedimiento de de coordinación de Seguridad Nacional permanente, que defina los canales operativos de coordinación que garanticen una cooperación eficaz entre las FFCCSS del Estado. Promoveremos la generación de una única BB.DD policial, acualizada y gestionada por un único administrador responsable, para la prevención de la criminalidad a partir de su cruce con las BB.DD supraestatales, estatales, autonómicas y municipales.

Promoveremos un acuerdo marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación, promoviendo la equidad y la igualdad en el seno de las FFCCSS del Estado en base a marcos competenciales homologables entre ellos.

Delimitaremos las competencias de las FFCCSS del Estado, destinándolas a plena dedicación en funciones de ámbito policial, impulsando mecanismos de colaboración público-privada en servicios auxiliares para la optimización del cuerpo policial en sus tareas esenciales de seguridad.

Racionalizaremos las compras del Ministerio del Interior creando un órgano central de adquisiciones de material y equipamiento que englobe las necesidades conjuntas de las FFCCSS del Estado para la reducción de sus costes unitarios.

Velaremos por el fomento y cumplimiento estricto de los principios de mérito y capacidad en todos los procesos de ingreso y ascenso en las FFCCSS del Estado, con criterios de transparencia y participación.

Promoveremos las mejores prácticas de transparencia en los órganos de dirección y administrativos de las FFyCCSE, asegurando la formación de sus integrantes en aquellas materias normativas que les permitan exigir una correcta gobernanza en el seno de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno.

Revisaremos la adecuación de los procesos de ascenso y promoción interna, evitando cualquier sobre de subjetividad, favoritismo o discrecionalidad.

Actualizaremos los procedimientos de reconocimiento de los méritos profesionales y la concesión de condecoraciones, primando los criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Los expedientes de concesión de recompensas estarán sometidos, en todo caso a la referida Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y del buen gobierno.

Potenciaremos una política efectiva de Prevención de Riesgos Laborales en el seno de las FFyCCSE.

Revisaremos el Régimen de Personal y el Régimen Disciplinario, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, teniendo en cuenta los parámetros regulados en el estatuto del empleado público.

Mejoraremos los mecanismos de participación y representación de los Consejos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en aras a una mayor transparencia e influencia en los procesos normativos y en la toma de decisiones que afecten al personal y a los recursos públicos asignados.

Promoveremos la creación de un cuerpo común de uso compartido que englobe al colectivo TEDAX-RNBQ, dotándole de los medios necesarios para cubrir todas las necesidades del Estado. Estos cuerpos de alta especialización serán dotados de nuevos planes de carrera vinculados a su cualificación técnica y alta responsabilidad de desempeño. Asimismo, se contempla la creación de un Centro Nacional de Alta especialización Tecnológica que unifique la formación de este colectivo, al igual que se establecerá un convenio de colaboración con universidades para la tutela de cursos de Alta especialización (Curso TEDAX), I+D+I y posterior formación en base, para lograr mantener el alto nivel y actualización de conocimientos, así como la posibilidad de inclusión de perfiles profesionales no policiales.

Impulsaremos y dotaremos adecuadamente a las unidades destinadas a la lucha contra las nuevas formas delictivas emergentes, prestando especial atención a las áreas de lucha contra el ciberdelito y el cibercrimen.

Proponemos la homologación de los estudios policiales y carrera profesional civil, dotándole de mayor conexión con las universidades y empresas.

En el ámbito concreto de la Guardia Civil, ciudadanos apuesta por elaborar un modelo de carrera y unos procedimientos de promoción internas que conjuguen la formación con la experiencia en Unidades operativas.

Promoveremos la mejora de la Formación en el cuerpo de la Guardia Civil como medio de mejora de la instrucción de los efectivos del instituto armado, actualizando el contenido de sus diferentes cursos y especializaciones, así como el acceso al mismo.

Velaremos por el desarrollo efectivo del derecho de asociación en el Cuerpo de la Guardia Civil, iniciando el procedimiento de readmisión de los agentes que han sido expedientados y expulsados por solicitar dicho derecho al amparo del artículo 22 de la Constitución Española

Velaremos por la aplicación efectiva del Régimen Disciplinario en el Cuerpo de la Guardia Civil, evitando la aplicación del Código Penal Militar o el ingreso en prisión por la comisión de faltas disciplinarias, salvo aquellas situaciones extraordinarias que, por su propia naturaleza, exigen la sujeción al CPM, como sucede en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal de dicho cuerpo se integre en unidades Militares.

Ciudadano muestra su total compromiso en la mejora de los niveles de seguridad ciudadana, la erradicación de la violencia y las ideologías que la alimentan, así como la especial consideración que toda sociedad madura ha de reconocer hacia las víctimas.

PSOE

MÁS SEGURIDAD CON DERECHOS

Los años 2004-2011 constituyeron un buen período para la seguridad de los españoles y españolas.

Mal que le pese a la derecha, fue un Gobierno socialista el que puso fin al terror mantenido durante más de cincuenta años por la banda terrorista ETA. Ese final lleva el nombre de un Presidente, de un Ministro del Interior y un Lehendakari socialistas. Y, a su lado, el esfuerzo anónimo de policías nacional y autonómicas, guardias civiles, jueces y fiscales, funcionariado de prisiones y agentes de los servicios de inteligencia, autoridades y policías de países que se comprometieron con nuestra lucha y, sobre todo, millones de españoles que se negaron a aceptar el chantaje terrorista que nos privó de más de ochocientas vidas, causó miles de heridos y dañó en forma irreparable a innumerables hijos y padres, maridos y mujeres, parientes y amigos. Todos ellos lograron vencer a una banda que, desarbolada, anunció en noviembre de 2011 que abandonaba definitivamente la lucha armada.

Sólo queda la entrega definitiva de las armas, el reconocimiento del dolor causado, la petición de perdón a las víctimas y la satisfacción de la reparación debida. Entonces, sólo entonces, las víctimas se sentirán definitivamente honradas y el Estado de derecho podrá culminar la paz ganada con tanto esfuerzo. Ese esfuerzo contó también con una difícil pero, pese a sus crisis, mantenida unión de los demócratas, congregados en torno a pactos que nos comprometían a todos y que sirvieron para acelerar, primero, y respaldar, después, la unión frente al terrorismo de la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Una unión que, antes, sirvió para enfrentar la investigación, el enjuiciamiento y las condenas de quienes perpetraron en Madrid, el 11 de marzo de 2004, el mayor atentado de nuestra historia y de quienes, poste-riormente, han intentado mantener una amenaza latente de corte yihadista contra nuestra convivencia co-lectiva.

Los 192 fallecidos y los más de 1.800 heridos en aquella tragedia siguen en nuestra memoria y han estado en la base misma del Acuerdo antiterrorista propuesto por el PSOE al Gobierno, en enero de 2015, para hacer frente, de nuevo con todos los ciudadanos y ciudadanas, al terrorismo yihadista y a la violencia ex-tremista.

Junto a ello, 2004-2011 fueron los años en los que más baja fue la tasa de criminalidad, en los que más creció la dotación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de Jueces y de Fiscales, en los que más se transformó el régimen penitenciario, en el que la protección civil se vio reforzada por la creación y acción creciente de la UME y en los que la seguridad vial, por fin, fue una esperanza crecientemente mejorada.

Todo ello, por lo demás, se llevó a cabo con los medios ordinarios del Estado de Derecho, pues no fue ni se sintió necesario emprender una tarea de reformas legislativas destinadas a limitar, condicionar o restringir los derechos y libertades de la ciudadanía. Fueron, así, los años en los que los y las socialistas demostramos que la seguridad no tiene por qué limitar la libertad sino que contribuye efectivamente a ella. Por el contrario, cada vez que existe un problema de seguridad la derecha siempre plantea una falsa dicotomía entre libertad y seguridad, reduciendo los derechos de la ciudadanía. Pero seguridad sin libertad nos conduce a una sociedad autoritaria. Siguiendo esta filosofía, dos elementos definen con claridad la gestión del Gobierno del PP en materia de seguridad: menos derechos para todos y uso partidista del poder coactivo del Estado. Con esos objetivos ha desarrollado todo un paquete legislativo que restringe de forma dramática los derechos de la ciudadanía (Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada) y dos leyes de personal, de Guardia civil y policía, que reducen los derechos de los miembros de ambos cuerpos.

LA DEFENSA DE LO PÚBLICO

Hemos asistido a una reiterada utilización partidista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en beneficio propio y con acompañamiento mediático.

NUESTROS OBJETIVOS
Deberemos afrontar la reforma de las leyes que en este ámbito han desfigurado la concepción de la seguri-dad como elemento inescindible del respeto a los derechos de la ciudadanía (Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley contra la Violencia de Géne-ro).

Hay que dotar de más y mejores medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para así desarrollar medi-das preventivas con más eficacia y establecer con claridad sus derechos y obligaciones en una sociedad democrática del siglo XXI.

Deberemos primar los elementos de coordinación y colaboración entre policía y guardia civil y entre éstas y el resto de policías del Estado. No podemos desaprovechar un caudal tan ingente de recursos e información como se hace actualmente, y ello deberá hacerse manteniendo las competencias de cada cuerpo sin que quepa la competencia entre ellas. Para ello, estableceremos un Mando Único sobre policía y guardia civil, con Unidades Centrales conjuntas de coordinación.

En el ámbito penitenciario, proponemos volver al espíritu y la letra de la Constitución, que prevé la reeduca-ción y reinserción social como elemento esencial que debe orientar las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad. Para ello, el tratamiento, con programas específicos atendiendo a los perfiles de los reclusos, debe convertirse en el eje de la política penitenciaria, así como el cumplimiento en medio abierto y el desarrollo de las penas y medidas alternativas a la prisión. Todo ello, sin desatender, e incluso intensificando, las medidas de seguridad, control e información sobre aquellos internos especialmente peligrosos
pertenecientes a bandas armadas y miembros de delincuencia organizada.

En el ámbito de la seguridad vial, debemos incrementar la formación tanto de la ciudadanía desde la escue-la, como de los conductores y conductoras y de quienes imparten la formación.

Es preciso que la seguridad vial se aborde de forma global, y se pase del concepto de circulación, donde el protagonista es el automóvil, al de movilidad, donde el protagonista es la persona y sus diversas formas de desplazarse.

PROPUESTAS
Reformas legislativas

Derogar la Ley de seguridad ciudadana y aprobar una nueva Ley que refuerce y proteja a las personas, y Asegure que el marco legislativo facilita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Colocar cámaras de vigilancia con grabación, en todos los calabozos de España, para garantizar la seguri-dad de los detenidos y los policías. Estas grabaciones quedarán archivadas.

Reformar la Ley de seguridad privada para garantizar que solo podrá prestarse como un servicio comple-mentario, subordinado y nunca alternativo de la seguridad pública, sometido a controles e intervenciones administrativas, donde se respeten plenamente los derechos laborales de los y las trabajadoras y de la ciudadanía.

Reformar las leyes de personal de guardia civil y policía para establecer claramente los derechos y obliga-ciones de sus miembros.

reformar la Ley Orgánica General Penitenciaria para su actualización y modernización.


LA DEFENSA DE LO PÚBLICO

En materia policial
Reponer de forma proporcional y graduada las vacantes de las dotaciones de Catálogo del Cuerpo Nacio-nal de Policía y de la Guardia Civil.
Implantar un programa de formación permanente y de actualización de conocimientos técnicos y jurídicos de todas las personas que componen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que puedan realizar sus funciones con eficacia y seguridad jurídica.

Fortalecer la coordinación y cooperación policial convocando, al menos dos veces al año, las Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas con Cuerpo de Policía.

Dotar de personal y recursos técnicos y materiales para la potenciación de las unidades centrales del cuer-po nacional de policía y de la guardia civil encargadas de la investigación y persecución de los delitos económicos y fiscales.

Poner en marcha un programa de I+D, con la colaboración de las Universidades y otros organismos públi-cos, para la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y equipamientos profesionales, que permitan una mejor investigación de los delitos y un mayor esclarecimiento de éstos por la policía nacional y la guar-dia civil y su progresiva descentralización mediante la creación de Unidades Territoriales de ambos cuerpos.
Elaborar un protocolo claro y jurídicamente seguro, que regule la actuación que deben seguir los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados a la vigilancia de nuestras fronteras.